Auditoría especial de la Contraloría sobre Hidroituango por cambio de contratista
La Contraloría de Antioquia investiga el cambio de contratista en las obras de Hidroituango, que podría haber causado un detrimento patrimonial significativo.
La Contraloría de Antioquia ha decidido llevar a cabo una auditoría especial en relación con el cambio de contratista que se produjo durante las obras de la hidroeléctrica Hidroituango. Este cambio, que se materializó en el año 2024, ha suscitado preocupaciones sobre posibles retrasos en la ejecución del proyecto y un detrimento patrimonial que podría ascender a la alarmante cifra de 3 billones de pesos. Esta medida de la Contraloría responde a la necesidad de garantizar la transparencia y la correcta utilización de los recursos públicos en uno de los proyectos de infraestructura más importantes del país.
Contexto de la auditoría
La investigación fiscal que se llevará a cabo es el resultado de una denuncia presentada por la veedora ciudadana Gloria Patricia Jaramillo. La denuncia señala la presunta irregularidad en el proceso de relevo del constructor encargado de las turbinas 5 a 8 de la hidroeléctrica. Esta situación ha generado inquietud entre la ciudadanía, que exige claridad sobre cómo se han manejado los contratos y los recursos en este proyecto crucial.
La auditoría se centrará en la Sociedad Hidroituango de la época, que estaba bajo la dirección de Empresas Públicas de Medellín (EPM). Durante ese período, el exalcalde Daniel Quintero ocupaba el cargo de presidente de la junta de la empresa. En este contexto, se llevó a cabo una licitación que tuvo como único oferente al contratista CCC Ituango, quien había estado a cargo de las obras durante más de una década. Posteriormente, el consorcio conformado por la empresa colombiana Schrader Camargo y la firma china Yellow River asumió el control de la construcción.
Objetivos de la auditoría
En este contexto, la Contraloría General de Antioquia busca verificar con rigor técnico, y sin prejuzgar responsabilidades, si dichas decisiones generaron impactos fiscales en una de las obras de infraestructura más relevantes del país y si se configuraron eventuales responsabilidades fiscales, dada la magnitud de los recursos públicos comprometidos, ya que pasó de $410.000 millones a cerca de $900.000 millones, sin que supuestamente se evidencie una variación proporcional del alcance técnico de las obras.
La Contraloría tiene la misión de determinar si el cambio de contratista y las decisiones tomadas en el proceso de licitación han tenido un impacto significativo en la ejecución del proyecto y en la utilización de los recursos. Con una inversión que pasó de 410 mil millones a cerca de 900 mil millones de pesos, es fundamental analizar si estos incrementos están justificados y si han contribuido al avance técnico de la obra. La magnitud del dinero involucrado exige un escrutinio riguroso para asegurar que los recursos públicos se estén utilizando de manera adecuada y eficiente.
Impacto económico y social
La auditoría también tomará en cuenta el impacto económico que el retraso en la puesta en funcionamiento de las turbinas ha causado. Según la denuncia presentada por la abogada Jaramillo, el lucro cesante desde julio de 2023, es decir, lo que ha dejado de generar las últimas turbinas de Hidroituango, se estima en 5 mil millones de pesos diarios. Este dato resalta la urgencia de resolver las irregularidades y de poner en marcha las turbinas para mitigar las pérdidas económicas que afectan tanto a la empresa como a la comunidad que depende de esta fuente de energía.
Reacciones y expectativas
La decisión de la Contraloría ha generado diversas reacciones en la opinión pública y entre los actores involucrados en el proyecto. Hay quienes consideran que esta auditoría es un paso necesario para garantizar la transparencia en la gestión de los recursos públicos, mientras que otros expresan su preocupación por el tiempo que podría llevar la investigación y sus posibles repercusiones en el avance del proyecto. La expectativa es que, a través de este proceso, se logre esclarecer la situación y se tomen las acciones adecuadas para salvaguardar los intereses de la ciudadanía y del Estado.
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