El Tribunal Superior de Medellín ordena la restitución del esquema de seguridad a Carlos Alberto Arcila
El fallo del Tribunal Superior de Medellín exige a la Unidad Nacional de Protección la devolución inmediata del esquema de seguridad a Carlos Alberto Arcila, secretario de Paz y Derechos Humanos, tras una acción de tutela presentada por el funcionario.
Fallo judicial a favor de Carlos Alberto Arcila
En un desarrollo que pone en entredicho las políticas de protección implementadas por el Gobierno Nacional, el Tribunal Superior de Medellín ha emitido un fallo de segunda instancia que ordena a la Unidad Nacional de Protección (UNP) restituir de forma inmediata el esquema de seguridad que le fue retirado a Carlos Alberto Arcila. Este funcionario, que actualmente ocupa el cargo de secretario de Paz y Derechos Humanos de la capital antioqueña, había denunciado su situación de vulnerabilidad extrema tras la eliminación de su protección personal.
Contexto de la acción de tutela
La medida judicial llega como respuesta a una acción de tutela interpuesta por Arcila, quien argumentó que la decisión de retirar sus escoltas y vehículos oficiales, tomada en junio de 2025, lo dejó expuesto a un entorno de riesgo considerable. El fallo, fechado el 15 de enero de 2026, es claro al señalar que la UNP actuó de manera irresponsable al desmantelar su esquema de seguridad sin realizar un análisis de riesgo actualizado y pertinente.
Demandas del tribunal
El tribunal no solo exige la restitución inmediata del esquema de seguridad de Arcila, sino que también demanda la realización de una nueva evaluación técnica. Esta evaluación debe considerar su extensa trayectoria como defensor de derechos humanos y líder social, un papel que ha desempeñado con dedicación y firmeza, incluso antes de su nombramiento en el gabinete municipal.
“Ignorar las amenazas contra quienes defienden la vida en el actual contexto del país es una omisión grave”, advirtió la justicia.
La situación de los líderes sociales en Antioquia
La situación en Antioquia es alarmante. El documento judicial también revela cifras preocupantes: en el año 2025, se registraron 27 asesinatos de líderes sociales en el departamento, lo que se suma a un total de 187 víctimas a nivel nacional. Estas cifras reflejan un contexto de creciente violencia y riesgo para aquellos que defienden los derechos humanos en el país.
Responsabilidad del gobierno
En medio de este panorama crítico, el secretario Arcila no ha dudado en señalar directamente al presidente Gustavo Petro y al director de la UNP, Augusto Rodríguez, como responsables por cualquier atentado que pudiera sufrir. Arcila ha exigido que se fortalezcan las garantías para quienes se dedican a la defensa de los derechos humanos, especialmente en territorios que enfrentan desafíos como la extorsión y la minería ilegal.
La situación se agrava aún más por el contexto de violencia persistente en Colombia, donde los defensores de derechos humanos son frecuentemente blanco de ataques y amenazas. La falta de protección adecuada no solo pone en riesgo la vida de estos líderes, sino que también socava los esfuerzos por construir una sociedad más justa y pacífica.
El llamado a la acción
El fallo del Tribunal Superior de Medellín resalta la necesidad urgente de implementar medidas efectivas de protección para los líderes sociales y defensores de derechos humanos. La justicia ha dejado claro que cualquier omisión en este sentido no solo es irresponsable, sino que contribuye a un ciclo de violencia que debe ser detenido.
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