Las reinas de la cirugía aceptan cargos por procedimientos estéticos ilegales
Jackeline Bedoya Acevedo, María Paola Arango Garrillo y Michel Chaverra Jaramillo, conocidas como las 'reinas de la cirugía', enfrentan serias acusaciones por realizar intervenciones estéticas en condiciones inadecuadas.
Imputación de cargos a las reinas de la cirugía
La Fiscalía General de la Nación ha imputado nuevos cargos a tres mujeres, identificadas como Jackeline Bedoya Acevedo, María Paola Arango Garrillo y Michel Chaverra Jaramillo, quienes han sido apodadas las 'reinas de la cirugía'. Estas mujeres están bajo investigación por su presunta participación en la realización de procedimientos estéticos en quirófanos improvisados, montados en viviendas de diversos barrios de Medellín, tales como Laureles, San Javier, Guayabal y Olaya Herrera. La investigación ha revelado que estas intervenciones se llevaron a cabo sin cumplir con las mínimas condiciones de higiene y salubridad requeridas para tales procedimientos.
Audiencia de imputación y aceptación de cargos
Durante la reciente audiencia de adición de imputación, las procesadas aceptaron, de manera libre y voluntaria, su responsabilidad en varios delitos. Estos incluyen concierto para delinquir, estafa agravada en modalidad de delito masa y lesiones personales dolosas. La aceptación de cargos por parte de las acusadas ha sido un paso significativo en el avance del caso, que ha captado la atención de la opinión pública debido a la gravedad de las acusaciones.
Detalles de la investigación
La investigación, que está siendo llevada a cabo por una fiscal de la Seccional Medellín, ha arrojado información reveladora sobre las actividades de estas mujeres. Según los datos recopilados, entre abril de 2023 y mayo de 2024, las tres procesadas, junto con otros cómplices, habrían realizado numerosos procedimientos estéticos en mujeres, quienes eran contactadas principalmente a través de redes sociales. Uno de los procedimientos más comunes era la 'lipólisis láser con transferencia glútea', una intervención que, en condiciones adecuadas, puede ser segura, pero que en este contexto se realizó en condiciones absolutamente inadecuadas.
La Fiscalía ha detallado que las investigadas no solo coordinaban las intervenciones, sino que también participaban directamente en los procedimientos estéticos. Esto incluía labores como la administración de medicamentos, la aplicación de anestesia local, así como la atención postoperatoria y la realización de masajes postquirúrgicos. Esta implicación directa aumenta la gravedad de los cargos, dado que las acusadas no contaban con la formación ni las licencias necesarias para llevar a cabo tales acciones.
Consecuencias de los procedimientos estéticos
El material probatorio recopilado durante la investigación ha establecido que las víctimas de estas prácticas ilegales no solo enfrentaron complicaciones estéticas, sino que también experimentaron serios problemas de salud. Cuando las mujeres acudían a los lugares donde se realizaron las intervenciones para reportar complicaciones médicas, se vio que las operadas eran trasladadas a otros barrios, lo que complicaba aún más su situación. Esta maniobra no solo refleja una falta de ética profesional, sino que también pone en evidencia la desprotección de las víctimas.
La Fiscalía ha determinado que al menos 55 personas serían víctimas de estos procedimientos invasivos. De ellas, más de 40 mujeres han sufrido lesiones significativas, que incluyen deformidades, limitaciones de movilidad, dolores crónicos y otras complicaciones físicas que pueden afectar su calidad de vida a largo plazo. La magnitud de estos daños resalta la necesidad de una regulación más estricta en el ámbito de la cirugía estética y la importancia de acudir a profesionales debidamente calificados.
Situación actual de las acusadas
Desde octubre de 2025, las tres mujeres se encuentran privadas de la libertad en una cárcel, mientras se llevan a cabo los procesos judiciales correspondientes. Además de ellas, la Fiscalía también ha judicializado a Yarleny Mosquera Aguirre y Elizabeth Rojas Tobón, quienes son señaladas como las articuladoras de esta actividad delincuencial. La red de delitos en torno a estos procedimientos estéticos ilegales ha suscitado un debate sobre la seguridad en el sector de la salud estética y la protección de los derechos de los pacientes.
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