El futuro político de Isabel Cristina Zuleta en manos del Consejo de Estado

Audiencia pública sobre la investidura de Isabel Cristina Zuleta

El futuro político de la senadora del Pacto Histórico, Isabel Cristina Zuleta, ha entrado en una fase crucial y decisiva. En la tarde del 23 de febrero, el Consejo de Estado llevó a cabo una audiencia pública para abordar las demandas de pérdida de investidura en su contra. Estas demandas están vinculadas a un evento polémico conocido como el ‘tarimazo’, que ha generado un intenso debate en el ámbito político colombiano.

El contexto del 'tarimazo'

El evento en cuestión tuvo lugar en junio de 2025 en Medellín, donde varios peligrosos capos de las bandas del Valle de Aburrá, identificados como alias ‘Douglas’, ‘Tom’ y ‘Carlos Pesebre’, compartieron tarima con el presidente Gustavo Petro. Esta situación ha suscitado controversia, ya que se cuestiona la legalidad de la presencia de estos individuos en un evento político, así como la gestión de la senadora Zuleta en este contexto.

Las acusaciones contra Zuleta

La controversia radica en la presunta extralimitación de funciones de la congresista al gestionar el traslado de estos reclusos desde la cárcel de Itagüí hacia la Plaza de la Alpujarra. Se alega que Zuleta no contaba con las facultades legales necesarias para llevar a cabo dicha acción, lo que ha llevado a la presentación de demandas en su contra.

Durante la diligencia, el abogado demandante, Édgar Quintero, expuso su caso, argumentando que la senadora había usurpado competencias que son exclusivas de un juez de la República. En sus declaraciones, Quintero enfatizó que

“Es indiscutible un abuso de poder del Legislativo sobre el Ejecutivo”

, cuestionando además la reserva legal que el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) aplicó sobre la orden de traslado de los reclusos.

La defensa de Isabel Cristina Zuleta

A pesar de las acusaciones, el proceso recibió un apoyo inesperado por parte de la Procuraduría General de la Nación, que solicitó la negación de la “muerte política” de la senadora. El procurador delegado, Carlos José Holguín, argumentó que no se habían probado los requisitos de tráfico de influencias ni la existencia de dádivas en la gestión realizada por Zuleta.

En respuesta a las acusaciones, Isabel Cristina Zuleta defendió su actuación, afirmando que su intervención se limitó a una solicitud escrita en el marco del proceso de paz urbana que lidera el Gobierno. La senadora argumentó que la extralimitación de la que se le acusa no es tal, ya que los traslados para audiencias públicas son procedimientos que ocurren de manera recurrente en el contexto de la política colombiana.

Zuleta manifestó con firmeza:

“Yo no presioné de manera indebida”

, defendiendo su papel como mediadora política y asegurando que su intención siempre ha sido contribuir al proceso de paz y a la reconciliación en el país.

Investigaciones en curso

Mientras tanto, la Corte Suprema, la Fiscalía y la Contraloría han iniciado sus propias investigaciones sobre este caso, lo que añade un nivel adicional de complejidad a la situación de la senadora. El Consejo de Estado, en este contexto, deberá decidir si las acciones de Zuleta cruzaron la línea de la legalidad o si se mantuvieron dentro de los límites de su rol como funcionaria pública y mediadora política.

La audiencia y las investigaciones en curso han generado un amplio interés mediático y político, reflejando la tensión existente en el panorama político colombiano, especialmente en un momento donde las decisiones de los líderes políticos son objeto de un escrutinio minucioso. Este caso no solo afecta a la senadora, sino que también plantea cuestiones más amplias sobre el ejercicio del poder y la responsabilidad de los funcionarios públicos en el país.

Desarrollo futuro del caso

La atención se centra ahora en el Consejo de Estado, que tendrá la responsabilidad de evaluar las pruebas y argumentos presentados durante la audiencia. La decisión que tomen no solo impactará el futuro político de Isabel Cristina Zuleta, sino que también podría sentar un precedente en la forma en que se manejan situaciones similares en el futuro dentro del sistema político colombiano.